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Poco antes de que reinaugurara el Estadio San Carlos de Apoquindo como Claro Arena el pasado 23 de agosto de 2025, las relaciones entre la Municipalidad de Las Condes y Cruzados SADP eran tensas, pero cordiales. El tema de los estacionamientos se presentaba como un obstáculo mayor para el municipio y algo de fácil solución para la concesionaria. Lo cierto es que ambos tenían razón hasta cierto punto: La delimitación de los estacionamientos era desprolija, por decir lo menos, se comprobaron apenas mil espacios correctamente señalizados, e incluso se encontró maquinaria al momento de la inspección en terreno. Por otro lado, en Cruzados se hacía énfasis que una parte de los estacionamientos arrendados a privados por el CDUC se cedían a la concesionaria los días de partidos y eventos masivos. Incluso se avaló aquello con contratos. Finalmente, la propuesta de mitigación superó los 2.500 estacionamientos exigidos por la norma. De este primer round de exhibición entre Cruzados y el Municipio quedaron algunos apuntes como la intervención de la concejala republicana Catalina Ugarte en el Concejo Municipal planteando que no había claridad en las medidas planteadas por Cruzados en un principio.
Meses antes, cuando en Cruzados existía ansiedad por la recepción municipal de las obras, Juan Tagle se apresuró en firmar un convenio con la alcaldesa Catalina San Martín para atenuar el flujo vial en el sector de San Carlos de Apoquindo. Se tenía que el impacto vial provocará atochamientos antes y después de los partidos. Sin embargo, ¿Qué ocurre en otros estadios como el Nacional y el Monumental? Tres horas antes de un encuentro se realizan operativos que provocan tacos de grandes proporciones en arterias aledañas a los recintos. Es decir, ocurre exactamente lo mismo un poco más lejos, y en lugar de generar taco en un barrio se ve afectado el transito de la ciudad. Todo aquello aún considerando que en otros recintos hay acceso al metro. El acuerdo entre Cruzados y el Municipio establecía la creación de una comisión compuesta por tres funcionarios municipales (elegidos por las Direcciones de Tránsito y Transporte Público, Seguridad Pública y Operaciones) y tres representantes de Cruzados (Gerente de Recinto, Subgerente de Operaciones y Jefe de Seguridad), e incluía además un monto en UF en caso de daños en el sector durante los partidos, que en la conversión al momento del acuerdo se aproximaba a los 19 millones de pesos.
Avanzando en el tiempo, la ausencia de hinchada visitante en el Claro Arena generó una dinámica de escaso desafío profesional entre Delegación Presidencial, Municipalidad de Las Condes y Cruzados SADP. Por ejemplo, en el partido ante Everton fue Carabineros quien exigió que no se vendieran entradas a los visitantes. La reunión fue un trámite. Se accedió a ceder entradas a Deportes Concepción, equipo que no generó externalidades en el sector. Se sabe que la Delegación Presidencial no acepta público visitante en los clásicos, por lo tanto ¿Cuál es la novedad? El sorteo de Copa Libertadores, que transformó el primer partido de la fase de grupos en un duelo de alto riesgo.
El Municipio se hizo escuchar ante la Delegación Presidencia, declarado por el propio Germán Codina, acerca de que no quería hinchas visitantes. La Delegación Presidencial transmite el mensaje a Cruzados y Carabineros. Sin embargo, en el camino surge la alternativa de que puedan asistir 450 o mil hinchas de Boca Juniors ¿Por qué esa cantidad si la Municipalidad no deseaba a ninguno? Porque Carabineros debe contemplar un plan en caso de que ingresen hinchas visitantes, pese al control de identidad de la entrada, o simplemente se agolpen cerca del recinto. El conducto regular fue ofrecer esa cantidad de entradas a Boca Juniors, aún concientes de que el reglamento exigía un mínimo de 2.000. Si se encontraban dentro del estadio serían conducidos al sector visitante. El problema habría sin duda que al ser liberado ese sector se habría llenado de hinchas de Universidad Católica, los cuales habrían tenido que ser reubicados de darse esa eventualidad. Por supuesto, si los argentinos rechazaban el aforo ofrecido se pagaba la multa y punto.
El ultimátum de Conmebol, que se cuadró absolutamente con el equipo argentino, fue obligar a Cruzados a proporcionar las entradas que debió destinar en un principio. No sólo peligraba la realización del partido en el nuevo San Carlos o Claro Arena, la Conmebol se reservaba el derecho de reprogramar el partido donde estimara conveniente. Eso incluía un estadio en Paraguay.
El revuelo provocado por este caso, que tomó tintes internacionales, repercutió en la imagen de la Delegación Presidencial y del nuevo gobierno en Chile, el cual se ha visto expuesto recientemente por situaciones como el alza de combustible, las construcción de una polémica zanja y varias otras situaciones que no tienen relación alguna con el partido, pero que sumaban lo suyo para poner en duda la competencia de las autoridades. Por lo tanto reconsideraron su posición. A nivel local esto nunca ha ocurrido, llegando a situaciones como la acontecida en el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile en el cual se anularon las entradas vendidas a visitantes.
Finalmente se jugará en el reducto precordillerano con el aforo para visitantes exigido en el reglamento. No cabe duda de que todo lo acontecido en estos días deja lecciones de cuales la dirigencia de Cruzados tendrá que aprender. Y algunos temas pasaron desapercibidos, como la elección de Gustavo Tejera, un polémico árbitro uruguayo que dejó sin sanción dos penales evidentes para Universidad Católica ante Talleres hace unos años.
